Los servicios jurídicos analizan los documentos y el equipo de gobierno pide explicaciones al PP por su gestión municipal
TORREMOLINOS (MÁLAGA), 21 Nov. (EUROPA PRESS) –
El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha hecho públicos este lunes los resultados de la nueva auditoría realizada sobre la gestión del anterior equipo de gobierno del PP, en este caso relativa al cumplimiento de la legalidad. En ella, según ha informado la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, se destapan «contrataciones directas, pagos sin justificar y un sinfín de irregularidades» en el Consistorio.
Esta auditoría se une a los resultados de las anteriores y a la deuda de 197 millones hasta junio de 2015 dejada, ha dicho, por el Gobierno local del PP. Según Tocón, los resultados revelan que el equipo de gobierno ‘popular’ «estuvo incumpliendo de manera sistemática la ley, utilizando a los asesores políticos nombrados por Fernández Montes –exalcalde– para gestionar los intereses públicos, ignorando a los funcionarios y trabajadores municipales con el objetivo de tener el control político del Ayuntamiento».
Así, en rueda de prensa ha explicado que esta nueva auditoría «muestra ejemplos de adjudicaciones directas de contratos, prescindiendo del cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, así como numerosos casos de fraccionamientos y prórrogas de contratos irregulares, así como gastos y dietas sin justificar, y decenas de contrataciones no sujetas a ley».
Tocón ha indicado que se han conocido procedimientos de contratación no adecuados y sin publicidad «tal y como corresponderían por ley» como la adjudicación de un servicio de seguros por importe de licitación de unos 772.000 euros en 2012.
El informe refleja «irregularidades» en el contrato y sus respectivas prórrogas de la ayuda a domicilio municipal y del servicio en el ámbito de la Ley de Dependencia, que suman más de un millón de euros.
«Estamos hablando de cantidades millonarias destinadas a atender las necesidades de personas con enorme vulnerabilidad social como son las personas dependientes, lo cual con independencia de la presunta ilegalidad, es manifiestamente inmoral», ha incidido la edil socialista.
Otro de los capítulos apuntan a indicios de fraccionamiento de contratos a un mismo adjudicatario en el Campeonato de Europa, «con el fin de eludir la publicidad a la que por ley estaría sometido».
La auditoría de cumplimiento de la legalidad destapa también, ha precisado la edil, «mala praxis» en el contrato de obras para la remodelación en 2013 de la pista de atletismo por importe de unos 368.000 euros.
Otra de las sumas más importantes que «no pasaron por el procedimiento legal recomendable», ha agregado, fue la compra de suministros eléctricos que con un solo proveedor suma 1.354.000 euros durante el periodo auditado sin que hubiera un contrato con su correspondiente licitación, «que sería lo adecuado por el volumen de facturación».
AYUDAS EN CAMPAÑA
En cuanto a la oferta de programación cultural y de ocio, el informe se refiere a «irregularidades» en los procedimientos relativos a la contratación de la ópera ya que «no hay constancia» de licitación ni de informe para la adjudicación directa de los contratos con la empresa, «además de presentar defectos de forma y de fondo».
Otro dato en el que ha puesto foco la auditoría es el relativo a la adjudicación de la plaza de toros, donde el Ayuntamiento cobraba al adjudicatario un canon que ascendía a 27.106 euros «para después comprarle las entradas por el mismo valor, que en 2013 ascendía a 27.000 euros».
También se alude en la auditoría a la concesión a las ayudas directas para la rehabilitación de edificios «en plena campaña electoral y no previstas nominativamente en los presupuestos», ha especificado la primera teniente de alcalde.
«Sumen ustedes cientos de miles de euros gastados sin control y llegarán a entender cómo hemos llegado a la dramática situación económica que tenemos», ha apostillado, quien ha recordado que cuando se conoció la auditoría de cuentas le pidió a la portavoz del PP, Margarita del Cid, que diera explicaciones «sobre los graves incumplimientos contables».
Hoy, ha añadido, Del Cid tiene «la obligación moral de pronunciarse sobre la deuda que ha dejado el PP del que ella era parte y ahora portavoz, y más aún, debe pronunciarse sobre la vulneración continuada de la Ley de Contratos del Sector Público que manifiesta esta segunda auditoría».
La primera auditoría analizó la gestión económico-financiera en el periodo 2011-2014 y en esta ocasión, se ha auditado la legalidad de cumplimiento de los procedimientos administrativos en el mismo periodo. Los servicios jurídicos se encuentran analizando los resultados de ambos documentos, «ya que se aconseja un estudio muy exhaustivo y riguroso debido al volumen de irregularidades que se ponen de manifiesto».
Tocón ha incidido en que la consecuencia directa «de estas irregularidades es la deuda municipal: 197 millones en negativo en junio de 2015 es el balance de la gestión del PP en 20 años, pero, cómo hemos llegado hasta aquí», se ha preguntado la primera teniente de alcalde.
«La causa inequívoca de la astronómica deuda que nos ha dejado el PP ha sido la magnitud de las irregularidades que se han cometido en este Ayuntamiento de una forma dirigida e intencionada durante dos décadas», ha continuado Tocón.
Por último, ha criticado la «falta total de procedimientos, las facturas en el cajón, la arbitrariedad con la que actuaba el anterior equipo de gobierno, el despilfarro de dinero público en un descarado desprecio a la legalidad y la falta de control de habilitados nacionales que podrían haber evitado la ruina que tienen hoy las arcas municipales».
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